Que los prevaricadores no lleguen al reino del poder

RESENEKA
Alberto Vila

Las personas de este país llamado España deben encontrar razones para comprender el por qué se encuentran en un cenagal de incertidumbres y miserias. También, entender cómo es posible que se haya legislado de manera sutil para afectar los intereses generales en beneficio de unos pocos. En términos de realidad, el ciudadano medio, que es el que ha llevado la carga de pagar los errores y corruptelas de una buena parte de la dirigencia política y empresarial del país, observa atónito cómo las instituciones terminan difundiendo un ambiente de impunidad por toda la piel democrática del Estado.

La reacción de la jauría mediática y la de los “cómplices necesarios” se han empeñado a fondo desde los resultados del 20D. Así, caso tras caso, investigación tras investigación, dilatando justicia y eximiendo responsabilidades, pareciera hacer cierto que de los prevaricadores será el reino del poder y, esa sensación, termina por desalentar la acción colectiva de la gente honesta.

Recordemos que en enero de 2015, hace ya casi un año y medio, un grupo de 63 catedráticos de Derecho Penal, procedentes de 33 universidades españolas, advirtió en relación a la reforma del Código Penal que: "Lo más grave de esta iniciativa legislativa es el claro abandono que se produce del principio de culpabilidad y su sustitución por el de peligrosidad: la dignidad humana va a resultar pisoteada en aras de un defensismo a ultranza, y los ciudadanos van a verse entregados, no a la seguridad de la norma si no a la indeterminación de los criterios personales con los que se va a “administrar” la peligrosidad”. ¿Con qué sentido se legisló, en bien de los intereses de España?

El enfangamiento como método ejercido por presuntos periodistas es, inevitablemente, un elemento que contribuye a crear ese estado de cosas. Saben que la “memoria colectiva” es frágil. Que el agobiante contexto en el que estamos es sólo el preludio para nuevos recortes que llegarán luego de las elecciones, lo confirma temerariamente al estar “en funciones”, nuestro presidente en una carta dirigida a la UE. Según informan las agencias, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, sin someter ese compromiso al consenso con otras fuerzas políticas parlamentarias, ha enviado una carta al jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Junquer, para pedirle que tenga en cuenta la situación política en España e intente evitar la sanción por incumplir las metas fiscales. Rajoy parece haber ofrecido a cambio un esfuerzo adicional.

La Prevaricación del Funcionario Público se legislaba en el Art. 404 del anterior Código Penal el que, por Ley orgánica 1/2015 de 30 de marzo, modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 noviembre, del siguiente modo: “Doscientos seis. Se modifica el artículo 404, que queda redactado en los siguientes términos: «A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.”… Doscientos siete. Se modifica el artículo 405, que queda redactado en los siguientes términos: «A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”.

¿Cuál es el límite de aplicación de la prevaricación, dados los innumerables casos de conflicto de intereses o acciones de gestión en beneficio de particulares, que parecen darse?

En resumen, en la legislatura de los casos Bárcenas, Bankia, Dinero B, ERES, Formación, etc., el Partido Popular ha preferido no aumentar las condenas de cárcel por los delitos asociados a la corrupción y tampoco ha creado tipos nuevos como el que penalizaría las desorbitadas retribuciones y jubilaciones que se ponían a sí mismos los directivos de las cajas. Introduce el delito de financiación irregular de los partidos, estableciendo el umbral del delito en 500.000 euros. “Con este Código Penal, Luis Bárcenas podría seguir siendo tesorero del PP. Si repasa sus papeles, nadie ha dado más de 500.000 euros. Es una desfachatez", dijo en su momento desde la tribuna del Congreso el portavoz socialista, Antoni Such. Por debajo de esa cantidad, los 500.000 euros, no habrá reproche penal para las personas que entreguen o reciban el dinero que tenga por fin la financiación irregular de un partido. Los grandes empresarios o cualquiera otro que hinche la caja B de un partido con una cifra inferior a esa, aunque sea solo por un euro, no tendrán castigo, ni penal ni administrativo. El Tribunal de Cuentas es el encargado de fiscalizar a las formaciones políticas, sin mucho éxito por cierto,  pero no puede actuar contra el donante. Fuentes jurídicas aseguran que, en el caso de los donantes, el Partido Popular se ha limitado a copiar “palabra por palabra” un decreto italiano de 2001, de la época de Berlusconi, para limitar la acción de los instructores.

Recordemos que el Grupo Popular introdujo en el Código Penal reformas por la vía de urgencia, evitando así los informes preceptivos del Consejo General del Estado y el Consejo Fiscal cuando se trata de leyes orgánicas. "Es un auténtico fraude de Ley del que ya han advertido el Consejo de Estado y la Sala 3ª del Tribunal Supremo", criticaron entonces fuentes del derecho.

La pregunta que hago es: ¿Quién deseas que te gobierne y proteja los intereses del conjunto de españoles? Me viene a la memoria una breve e ilustrativa frase al respecto:

Si no te gusta el lugar en dónde estás, entonces cámbialo. No eres un árbol”.

 

@reseneka

España

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