Reclama responsabilidades: vota

RESENEKA
Alberto Vila

Muchos ciudadanos nos preguntamos acerca de la idea de impunidad de la que se revisten los cargos públicos presentes y pasados, en relación a los resultados de su función institucional. Decisiones que comprometen la renta de generaciones futuras de españoles, parece que no tiene que ver con ellos. Cada marcha y contramarcha en las medidas que se adoptan por algunos responsables ministeriales puede afectar de manera severa las condiciones de vida de los ciudadanos. El caso de la tarifa eléctrica es un claro ejemplo. Otro: los curiosos archivos de causas que comprometen a toda una España y la han empobrecido.

Los medios parecen empeñados en promover el desaliento en su masiva difusión de lo infructuosos que resultan los procesos por corrupción en este país. Los patriotas panameños, los ex gestores procesados por las decisiones en organismos y empresas públicas y semipúblicas, todos exponen impúdicamente su responsabilidad en el actual estado en el que nos encontramos.

El medio El Confidencial ha publicado el 24 de abril unos 153 minutos grabados en mayo de 2014 en un taller del módulo 11 de la prisión madrileña de Estremera a Angel de Cabo. En esos momentos, éste se encontraba en prisión preventiva acusado de desmantelar las empresas del grupo Marsans. Estas grabaciones merecerían una intervención decisiva de los cuerpos pertinentes para evitar el daño que los allí mencionados produzcan a las pruebas de esos presuntos delitos.

Así tenemos consecuencias onerosas, como el producto del reconocimiento de mayores costos en obra pública, por ejemplo. Prácticas opacas, sospechadas de corrupción que no parecen afectarlos especialmente. Las puertas giratorias son el  ejemplo de la probable recompensa por tales prácticas. Por mencionar algunos, la decisión de realizar obras superfluas, o disparatadas, como la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, el aeropuerto sin aviones de Castellón o los innumerables parques industriales subutilizados dispersos en todo el territorio del Estado, las infinitas rotondas o los puentes de “diseño”, que han dejado sin recursos a las arcas públicas, así parecen atestiguarlo.

La concesión de créditos temerariamente aprobados por gestores claramente ineficientes, pareciera que no suponen negligencia alguna para los responsables políticos e institucionales de los consejos de administración de nuestras queridas cajas de ahorros. Acabamos de conocer que, además, en algún caso su destitución es tipificada como “despido improcedente”. Recordemos que la baja en la tasación de los inmuebles que atesora la SAREB, y que les fueron expropiados a los españolitos confiados en lo que firmaban, sólo parece ser aprovechada por fondos de inversión de diversos orígenes y tipos. Los nuevos gobiernos ya están iniciando los estudios para abrir las diligencias, en caso de responsabilidad de los gestores. El beneficio es para algunos, las pérdidas para todos. Las víctimas parecen no contar. Han dejado de ser noticia.

La elusión de responsabilidades de los altos cargos resulta de su escasa vocación por asumirlas. La legislación no los comprende explícitamente en la responsabilidad civil, pese a que ello podría formar parte de una obligación “implícita”. En el sistema español, la responsabilidad extracontractual está dominada por la idea de culpa del agente productor del daño. Pieza fundamental es el art. 1902 “el que por acción u omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado”. Esta concepción subjetiva del daño, se debe a que para que una persona responda del daño causado no basta el daño, sino que su actuar haya habido falta de diligencia o comportamiento descuidado. Si se aplicase esta legislación de manera apropiada podríamos encontrarnos con un conjunto de responsables de los efectos de gestión, tanto en recursos públicos, cuanto en víctimas ocasionadas. En caso contrario, debería aplicarse una norma de igual exigencia de diligencia en el ámbito de la gestión pública y, sobre todo, civil y penal, no sólo política, para no eximir a esta última de responsabilidad y resarcir así a los ciudadanos.

Yo votaría a una propuesta política que lleve en su programa electoral el instaurar una legislación que limite e investigue efectivamente situaciones de este tipo.

¿Usted también?

 

@Reseneka

España

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