Recortes con descaro y aplausos

El plumilla errante
José A. Gaciño

 El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, afirmaba el pasado miércoles 11 de julio de 2012, ante el pleno del Congreso de los Diputados: “Los españoles no podemos elegir si hacemos o no sacrificios. No tenemos esa libertad”. Lo dijo como de pasada, sin énfasis alguno, sin emoción, sin el más leve indicio de indignación o de pesadumbre por lo que debería ser considerado un fracaso histórico.

Fue el colofón del anuncio de una serie de recortes presupuestarios que afectan a los de siempre, y que habían sido jaleados por su grupo parlamentario como si estuvieran celebrando el final de la crisis. A algunos de los diputados más eufóricos incluso se les escaparon expresiones como la de “¡A trabajar, vagos!”, cuando su presidente anunciaba que se iba a recortar el subsidio de desempleo para animar a los parados a la “búsqueda activa” de trabajo (expresión que hay que traducir adecuadamente como que, a partir de ahora, los parados deben aceptar cualquier trabajo en las condiciones que sea).

Entre la ministra italiana Elsa Fornero, que rompió a llorar cuando informaba de los recortes aprobados por su gobierno el pasado mes de diciembre, y los diputados de la derecha española, aplaudiendo con entusiasmo cada uno de los hachazos de su jefe, hay una diferencia de calidad humana en favor de una gobernante con sensibilidad, una ministra tecnócrata, frente a un grupo de revanchistas, diputados de la derecha española, que convierten la presentación parlamentaria de unas duras medidas de gobierno (justas o injustas, necesarias o insuficientes, en cualquier caso parece que obligadas) en un espectáculo de humor sádico.

El sadismo se completa con el más absoluto descaro: en la relación de ajustes, recortes y subidas de impuestos, no hay ni el más leve gesto de pretender compensar, aunque sólo fuera aparentemente, los sacrificios de la gran mayoría con un mínimo pellizco a los más afortunados. Al menos el anterior presidente del Gobierno, el socialista Rodríguez Zapatero, después de utilizar el hacha el 12 de mayo de 2010 en lo que fue su harakiri político (por cierto, sin aplausos de los suyos por decisiones que les avergonzaban), trató de ofrecer cierta sensación de equilibrio resucitando el impuesto de patrimonio. Estos de ahora no se molestan en disimular: látigo para la mayoría y guante blanco para los defraudadores, como les dijo el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara.

La derecha no disimula sus viejos rencores. Una vez que no los necesitan para acosar a Rodríguez Zapatero, llaman vagos a los parados, traficantes de medicamentos gratuitos a los pensionistas, incompetentes a los funcionarios (excepto a los abogados del Estado y a los registradores de la propiedad, claro) y toda clase de adjetivos insultantes a los sindicalistas. “Los únicos no culpables –como comentaba irónicamente el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba– son los defraudadores de Hacienda”.

Repartidas las culpas entre la herencia recibida, la irresponsabilidad de los ciudadanos que han gastado lo que no tenían y los mandatos de la Unión Europea (con el dogma de la austeridad a cualquier precio como criterio preferente), Mariano Rajoy se coloca por encima del bien y del mal, dispuesto a seguir aparentando que gobierna un Estado que, según sus propias palabras, ha perdido su capacidad de decisión. Los 65.000 millones de euros que se van a ahorrar en los próximos dos años y medio servirán para responder ante los fondos europeos del rescate de las deudas contraídas por banqueros irresponsables (algunos de ellos presuntos delincuentes) que han colocado la economía española al borde del abismo. Si el presidente de la República Francesa no consigue remediarlo, salvar a esos banqueros parece la única y absoluta prioridad de los gobiernos europeos.

 

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