Auto de fe en tres actos y un juez
Ya ha comenzado el auto de fe en tres actos que tiene como objetivo llevar al juez Baltasar Garzón a la hoguera metafórica de su inhabilitación. El primer acto escenifica lo que muchos consideran el verdadero detonante de toda esta operación de persecución y linchamiento (según la calificación empleada por el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo) contra uno de los jueces españoles más brillantes y de mayor prestigio internacional: la instrucción del caso Gürtel.
Garzón está haciendo frente a una acusación de prevaricación por haber ordenado escuchas telefónicas a varios encarcelados por el caso Gürtel (una red de corrupción en la que están implicados dirigentes del Partido Popular), incluidas conversaciones con sus abogados, algunos de éstos también sospechosos. Las escuchas fueron respaldadas por la fiscalía y prorrogadas por el juez instructor que sustituyó a Garzón, sin que ninguno de ellos haya sido acusado de prevaricación. De hecho, en este juicio (como en las otras dos causas), el fiscal defiende la inocencia del acusado.
La denuncia por las escuchas llegó precedida de una feroz campaña de la derecha contra el juez instructor, Baltasar Garzón, al que en otro tiempo habían ensalzado por haber investigado la guerra sucia contra el terrorismo etarra durante los gobiernos socialistas de Felipe González.
En paralelo, y como si se hubiese levantado la veda contra un juez incómodo, dos organizaciones franquistas promovieron otra causa contra Garzón, acusándole de prevaricación por haber intentado abrir una investigación de los crímenes del franquismo. Y algunos desempolvaron una vieja demanda contra Garzón por su participación en unos cursos en Nueva York, patrocinados por el Banco Santander: intentaban establecer una relación entre esa participación y el archivo de una causa contra Emilio Botín (causa que ninguna instancia superior reabrió). La demanda había sido rechazada unos años antes, pero aprovecharon las nuevas circunstancias para echar más leña al fuego inquisitorial.
El martes 24 de enero se celebrará el juicio contra su intento de abrir una causa por los crímenes del franquismo, un intento que apenas duró un par de meses, entre septiembre y noviembre de 2008, desde que atendió la demanda de familiares de víctimas hasta que se inhibió unos días antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, atendiendo el recurso del fiscal, lo declarase incompetente para instruir aquellos hechos. Los franquistas no se conformaron con esa resolución: querían a Garzón fuera de la judicatura y le acusaron de prevaricación.
En el linchamiento, de todas formas, no participa solo la derecha y la ultraderecha. Han sido dos miembros de la asociación progresista Jueces para la Democracia quienes han instruido las causas por las escuchas telefónicas y por la investigación de los crímenes del franquismo, sin que les haya temblado el pulso a la hora de denegar pruebas a Garzón o de aconsejar a las acusaciones particulares para que sus demandas fueran más eficaces. El tronco básico de la burocracia judicial (de derechas o de izquierdas), el de la letra del reglamento y el orden del escalafón, puede que no soporte a los jueces que salen a la calle y que arriesgan en los procedimientos, para buscar la eficacia contra las nuevas formas de delincuencia y contra los mayores recursos de la delincuencia de siempre.
Pero, aunque lo aparten definitivamente del ejercicio de la justicia, no podrán hacernos olvidar esas pocas semanas en las que Baltasar Garzón abrió la puerta a la justicia histórica en su propio país, después de haberla abierto, con su convicción de la justicia universal, en Chile o en Argentina, donde precisamente, como devolviendo el gesto de solidaridad, se está abriendo una investigación sobre los crímenes del franquismo.
