Cambio de normas en la precampaña
No hay un sistema perfecto de democracia representativa, pero unos son menos perfectos que otros, unos premian a los fuertes y sacrifican la diversidad en aras de una supuesta eficacia, unos son diseñados según las necesidades del que lo diseña en un momento determinado. Unos, en definitiva, hacen todo lo posible por manipular la democracia en beneficio propio y, por ejemplo, fabrican circunscripciones a medida, establecen topes mínimos como una primera criba e imponen criterios discriminatorios en el acceso a los medios públicos durante las campañas y fuera de las campañas también.
Este tipo de manipulaciones resultan más fáciles de hacer y de justificar legalmente cuando el sistema electoral es mayoritario, un sistema que concentra la representación en pocas fuerzas políticas, fundamentalmente en dos que van rotando, con el acompañamiento casi siempre testimonial de alguna fuerza minoritaria que consiga pasar la criba. Sus defensores argumentan que propicia gobiernos sólidos y estables, sin preocuparles de que sea a costa de dejar sin representación a una gran parte del electorado. Incluso podría darse el caso de que fuese la mayor parte del electorado: desde luego lo que sí se produce, con más frecuencia de lo que la calidad democrática exigiría, es que el partido que alcanza más diputados tenga menos votos que el queda en segundo lugar (y estoy hablando del Reino Unido, de larga tradición parlamentaria).
Pero también hay manipulación en los sistemas proporcionales, que, en principio, ofrecen más posibilidades de ajustarse mejor a la pluralidad política. España es un ejemplo claro. Desde el primer momento, en aquellas primeras elecciones generales preconstitucionales de 1977, se estableció el sistema proporcional pero con las provincias como circunscripciones. Eso eliminaba automáticamente la proporcionalidad en la mayor parte del territorio, concretamente en las provincias donde son elegidos menos de diez diputados (y que son más del 80 por ciento) y de las que salen un 64 por ciento de los escaños del Congreso. Aquellas normas electorales, elaboradas por los reformistas do franquismo, que tenían miedo a la “sopa de letras” y a los votos urbanos progresistas, son las que siguen vigentes, con algún retoque menor (sobre todo en materia de restringir el acceso de las minorías a la publicidad y a la información en los medios públicos), por mucho que en la Constitución se recogiera el criterio de la proporcionalidad.
Ahora, y después de la eclosión de Podemos en las recientes elecciones europeas, la derecha gobernante contempla el peligro de que el electorado de izquierdas vuelva masivamente a las urnas y nuevas alianzas entre fuerzas progresistas vuelvan a copar los ayuntamientos más importantes, como ya pasó en 1979, y deje en la oposición a sus concejales que, sin mayorías absolutas, son incapaces de pactar con nadie (en los ayuntamientos importantes, que en los pequeños no tienen tantos remilgos, ni ellos ni los otros). Para atajarlo, no tienen pudor en afrontar una importante reforma de la normativa electoral casi en plena precampaña y en solitario. No han esbozado con claridad su propuesta, salvo lo de que sea alcalde el número uno de la lista más votada, pero barajan hasta la posibilidad de primar con la mitad de los concejales a esa lista más votada (y repartir proporcionalmente la otra mitad entre todos, incluidos los más votados).
Sería un golpe más en la dirección de desmantelar la ya deteriorada proporcionalidad del sistema electoral. Un golpe más contra un criterio constitucional, que viene siendo golpeado desde siempre, y por parte de un partido que no cree necesario reformar la Constitución. En realidad, ellos no necesitan reformar la Constitución: les basta con no cumplirla cuando no les viene bien.
