Dura lex sed lex
En estos días se demuestra que los seres humanos nos movemos por emociones y que es a posteriori cuando construimos los argumentos racionales.
Vaya por delante mi respeto, mi solidaridad, con las personas que han sido víctimas de la barbarie, del asesinato. No sólo por el terrorismo. Pero la sociedad se convirtió en civilizada cuando la administración de las penas a los delincuentes se separó de la decisión de los perjudicados. La legítima rabia de quien ha sido víctima no es el metro de platino que mide la justicia.
A todo el que tenga un mínimo de sentido común le parece absurdo que la pena por un asesinato sea la misma que la que se cumple por quince. Pero ésa no es la cuestión que dirimía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La norma que lo permitía está derogada precisamente porque es un consenso social que no puede ser así.
Lo que dirimía el tribunal de Estrasburgo es si se puede aplicar una ley con efectos retroactivos, si lo aprobado hoy se puede aplicar a un delito cometido ayer. El ordenamiento jurídico de cualquier país democrático lo prohíbe porque es una arbitrariedad. El que el caso produzca especial rechazo es completamente indiferente porque las puertas que se abren (la retroactividad de una medida legal) se abre para todo y si la arbitrariedad sirve para un caso repugnante… ¿Quién decide en cuál es el límite de esa arbitrariedad?
La superioridad moral de una democracia se basa en las normas y su cumplimiento. Las leyes no están sujetas a la conveniencia ni a los clamores sociales. Todos recordamos el clamor social contra la que era considerada una asesina, que luego se demostró inocente. La ley debe cumplirse con todos (honrados ciudadanos, víctimas y asesinos repugnantes) porque si no se cumple con uno… ¿Por qué se va a cumplir con otros? No existen leyes a la carta ni atajos contra ningún tipo de delincuencia.
La ley que estaba en vigor (el código Penal franquista para los que buscan en otros lugares) era absurda y se cambió. Pero los delitos cometidos mientras esa ley estaba en vigor se condenan bajo ese código, salvo que el nuevo sea favorable para el preso. Esta norma elemental es de aplicación para todos y para todo. Por ejemplo para que no le suban sus impuestos desde 2008 y le reclamen el dinero.
A todos nos puede parecer un escarnio que una asesina de 23 personas salga de la cárcel. Casi todos los terroristas que quedarán en libertad en virtud de la derogación de la denominada doctrina Parot llevan una media de 25 años en prisión. Puede parecer poco y desde luego se lo parecerá a quienes son víctimas directas. Pero las leyes no se pueden retorcer a conveniencia. Ese es el debate y no otro, porque los sentimientos los tenemos todos pero la Ley se basa en la objetividad. A veces puede no gustar pero es siempre necesaria. Si no, la justicia se convierte en venganza y los ciudadanos en jauría. Apelar a los sentimientos es siempre peligroso. Todos debemos tener solidaridad y respeto a las víctimas pero no estamos hablando de eso. Hablamos de las garantías elementales de un Estado que no puede aplicar las leyes a su antojo sino con unas reglas de juego claras que deben ser respetadas incluso cuando las consecuencias no nos gustan.
Algunos de los que se lanzan a defender las resoluciones judiciales cuando les gustan deberían tenerlo en cuenta cuando les desagradan. Les aconsejo leer a los clásicos: “Dura lex, sed lex”. Es dura pero es la ley. A mí no me gustan sus consecuencias, en este y en otros casos, pero creo en el respeto a las reglas del juego para todos. De lo contrario corremos el peligro de hacerlas saltar por los aires cada vez que convenga, dejamos al pairo del viento del poder la decisión de qué normas se aplican y cómo se aplican. Y eso sí que es un ataque a la democracia.
