El gobierno que descubrió la corrupción
Parece que empiezan a digerir los resultados de las pasadas elecciones europeas, pero las conclusiones que van sacando apuntan más bien a una reacción de circunstancias, tratando de poner parches que disimulen el deterioro, sin vacilar en recurrir al más burdo oportunismo, por mucho que lo disfracen de regeneración democrática. Sólo tras comprobar el retroceso del bipartidismo y el auge de una de las alternativas de denuncia (en las elecciones mencionadas y en las encuestas posteriores) se han dado cuenta, de pronto, de que es conveniente poner límites a ciertos abusos y privilegios.
Naturalmente, no deja de ser positivo que, al fin, constaten que hay un número excesivo de aforamientos, que los indultos circulan por la vía de la arbitrariedad, que algunos partidos se pasan en los gastos de campaña, y que la mayoría de imputados y corruptos no tienen sentido de la responsabilidad política y sólo dejan el cargo cuando lo condena un juez, por seguir los puntos enumerados por el presidente del PP y del Gobierno, en su habitual discurso de arranque de la temporada, como objetivos de la gran regeneración democrática que propone, entre los que mete de matute el cambio en la elección de alcaldes, con el que ya había venido bombardeando previamente.
Pero de estas y de otras muestras de conducta reprobable de los políticos ya se habían dado cuenta los ciudadanos hace tiempo. Quizá no le habían dado excesiva importancia a la hora de votar (sobre todo en los tiempos de bonanza y burbuja) ni habían protestado lo suficiente, pero lo que se ha dado en llamar desafección ciudadana era algo más que evidente incluso desde antes de que estallase la crisis, que, en efecto, ha hecho más visible y escandalosa la incompetencia y la corrupción de una buena parte de los políticos, individualmente o en grupo.
Asombra que este gobierno, cuyos miembros emplearon gran parte de su tiempo en acusar al gobierno anterior de improvisaciones ante la crisis, no haga otra cosa que improvisar a golpe de encuestas, tanto para guardarse su fundamentalista reforma de la ley del aborto –que ha levantado más críticas que adhesiones– como para acomodar la legislación electoral a sus necesidades. Sobre la crisis no han improvisado: se han limitado a seguir las directrices que se diseñan en Berlín y se distribuyen en Bruselas (más o menos lo que hizo Rodríguez Zapatero en el año y medio final de su mandato).
De pronto, ante el próximo año electoral –municipales en primavera y generales en otoño–, los gobernantes españoles consideran urgente dar salida a sus leyes de transparencia, que vienen mareando desde el principio de la legislatura, y a sus medidas regeneradoras, como si la opacidad y la corrupción acabasen de surgir en el panorama político.
Aunque, en principio, no tendría por qué afectarles directamente, se sienten agobiados por las expectativas que las encuestas le señalan a Podemos, una fuerza a la que han jugado a demonizar para que el miedo a su hipotético triunfo prime sobre el desencanto del electorado conservador, que también tiene razones abundantes para retirar su voto a un partido que prácticamente no ha cumplido ninguna promesa de su programa electoral. También para poder acusar después a los socialistas de aliarse con el demonio, si tal cosa se produce (que es muy difícil que se produzca). Pero la insistencia de los sondeos empieza a preocuparles, sobre todo porque las nuevas previsiones de recesión en Europa podrían invalidar ese discurso eufórico de la recuperación económica que llevan meses repitiendo.
Por lo menos, van a terminar pasándose un año largo en vilo, tratando de ofrecer su mejor cara, de disimular sus errores y de esconder como puedan toda la basura que ha vuelto a descubrirse en sus cloacas. Les queda también el trago incierto del pulso de los independentistas catalanes, con algunos de los cuales pueden competir en materia escatológica.
