Experiencias de un intenso año electoral
Rodeados de elecciones por todas partes, llega ya la fecha culminante de este intenso año electoral en España, el 20 de diciembre, con las elecciones generales. Los ciudadanos han tenido ocasión de acumular experiencias y conocimientos sobre procesos electorales en diversos niveles y en distintos ámbitos territoriales.
Los resultados han sido variados, desde la continuidad más o menos forzada en las comunidades andaluza y catalana, donde se produjeron atascos de entendimiento para conseguir la investidura (en Cataluña todavía están atascados), hasta los cambios más inesperados con todo tipo de combinaciones en materia de apoyos explícitos o indirectos, con coaliciones de gobierno o con fugaces votaciones de investidura. En algunos casos, se han notado las insuficiencias o las distorsiones que provocan unas normas electorales diseñadas para favorecer a los más poderosos.
La disputa sobre la mayoría independentista en Cataluña, por ejemplo, ha ilustrado cómo una distribución sesgada de diputados por provincia puede fabricar una mayoría parlamentaria absoluta sin tener tal mayoría absoluta de votos ciudadanos. Un criterio establecido en su día –antes de la Constitución y no corregido después– por políticos centralistas, obsesionados por primar la representación de la España “profunda” y despoblada (supuestamente más afín a sus principios centrales y conservadores), es aprovechado ahora para intentar “desconectarse” del Estado.
Precisamente esa distribución provincial sesgada, que prácticamente elimina el criterio constitucional de la proporcionalidad en un tercio de los escaños, puede estar a punto de jugar en contra de algunos de los dos grandes partidos (el PSOE especialmente), a juzgar por las encuestas que detectan un importante crecimiento de nuevas fuerzas en algunas de esas provincias sobrerrepresentadas. Le acaba de pasar al chavismo en Venezuela: la oposición, con el 56 por ciento de los votos, ha alcanzado el 67 por ciento de los diputados y su sobrerrepresentación se debe, entre otras cosas, a que consiguieron ganar en circunscripciones a las que el oficialismo había “engordado” en escaños porque las consideraba especialmente afines.
Los criterios constitucionales, por otra parte, también se intentan soslayar por parte de quienes, como el PP, descalifican los pactos de gobierno que no incluyen a la lista más votada, sin molestarse en proponer una reforma de la Constitución para modificar el procedimiento de elección de alcaldes y presidentes de gobierno, que, en estos momentos, la Constitución atribuye a concejales y diputados, respectivamente. También ha barajado alguna vez el PP la posibilidad de primar a la lista más votada –una obsesión derivada de su limitada capacidad de pactos–, como decidieron en Grecia los mismos que maquillaron las cuentas públicas para acceder al euro: conceder un plus de cincuenta escaños a la lista más votada, pensando en fortalecer la posición de los dos grandes partidos turnantes, y que ha terminado aprovechando Syriza (que, por cierto, criticó tal privilegio cuando quedó segundo en las elecciones de 2012).
En Portugal, un pacto de los tres grupos de izquierda ha permitido a los socialistas formar gobierno, desplazando a la coalición de centro-derecha, la lista más votada e inicialmente encargada de formar gobierno, pero sin mayoría suficiente en la cámara para sostenerlo. En España, esa posibilidad todavía no se ha estrenado en el gobierno central, pero alguna vez tendría que ser la primera. Sólo repasando las maneras y los contenidos de los diversos debates televisados en esta campaña –entre nuevos, viejos y patéticos– los ciudadanos pueden encontrar razones decentes de sobra para cambiar, por lo menos, al primero de la lista.
@jagacinho
