Forzando los límites de la impunidad
Ni Podemos va a ganar las próximas elecciones ni Cataluña va a ser independiente. Eso sería, al menos, lo más probable en una evolución normal de acontecimientos en el panorama político español. Cierto que la irrupción de la formación de Pablo Iglesias en las pasadas elecciones europeas y en las encuestas posteriores ha supuesto un revulsivo en el estancado y enfangado escenario en el que se desarrolla actualmente la actividad política en España, pero el nivel de votos de los dos grandes partidos (de la “casta”, para utilizar el lenguaje de los “podemistas”) sigue siendo alto, aunque con fuerte tendencia a la baja, y está por ver que los apoyos al nuevo partido –que en las encuestas aparece con clara tendencia al alza– sean algo más que una indignada reacción de castigo en unas elecciones sin efectos directos en la política estatal (y muy limitados en el ámbito europeo) y que una seria advertencia en los sondeos de opinión.
De la misma forma, y aunque en Cataluña el reflejo del independentismo en las encuestas se haya ido situando en torno al 45 por ciento a partir de 2013, muy por encima de los niveles habituales entre el 15 y el 20 por ciento que se registraban hasta 2010, el actual marco constitucional –y, sobre todo, sus actuales intérpretes– hace imposible someter esa reivindicación a una comprobación real de sus apoyos. Esa misma imposibilidad práctica hace inútil cualquier especulación sobre la diferencia entre lo que se expresa en una encuesta, en el contexto de un ambiente eufórico tensionado por el activismo, y el pronunciamiento efectivo ante unas urnas decisivas (como en Escocia, por ejemplo). Y está por ver que unas elecciones plebiscitarias, presentadas como la salida definitiva al actual bloqueo del proceso independentista, puedan servir, no ya para saltarse la barrera constitucional –que ya se sabe que tampoco–, sino ni siquiera para justificar una declaración de independencia que, en el mejor de los casos, no pasaría de ser un gesto testimonial (y no es cuestión ahora de ponerse a pensar en lo peor).
Naturalmente, tanto en un caso como en otro, esa sería la evolución normal de las circunstancias políticas, y con independencia de cualquier posible exceso accidental, que casi siempre suele favorecer al poder constituido, que normalmente suele tener más fuerza que el poder por constituir. Otra cosa es que la evolución deje de ser normal y no necesariamente por la presión de quienes quieren cambiar la correlación de fuerzas en uno u otro nivel.
En estos momentos, si continúan descubriéndose las andanzas de muchos miembros de la “casta” (cada vez más) en el lodazal de su arrogante codicia, puede crecer el índice de ciudadanos asqueados –ya más que indignados– de los representantes a los que un día les dio su confianza, entre los que, por cierto, se encuentran también algunos de los que levantan banderas de dignidad colectiva bajo las que intentan camuflar su conducta depredadora. Forzaron tanto los límites de su impunidad que pueden estar a punto de hundirse con las instituciones que han contribuido a pudrir.
Parece que los escándalos sucesivos de las últimas semanas le empiezan a abrir los ojos. Algunos aparecen compungidos ante las cámaras y otros aprenden a pedir disculpas. Quizá terminen por improvisar algún gesto de escarmiento, que siempre será parcial porque no van a llegar a disolver sus partidos, y quizá entre eso y la inercia electoral de las mayorías, que suelen ser muy lentas para decidirse a cambiar su voto, puedan salvarse por la mínima en las próximas elecciones. Pero va a ser ya muy difícil que alguien les crea que trabajan por los intereses generales de la sociedad, como va a resultar sarcástico que los que acumulan en sus filas tantos presuntos delincuentes vuelvan a repetir que los catalanes no pueden decidir sobre su independencia porque va contra la ley.
