Galimatías eléctrico: un déficit tarifario que produce beneficios
Leí una vez que, si te habían explicado lo del déficit tarifario de las empresas eléctricas de España y lo habías entendido, era que te lo habían explicado mal. Era una manera suavemente irónica de descalificar el galimatías en el que ha ido derivando el sistema puesto en marcha por el supuestamente eficiente vicepresidente económico Rodrigo Rato (hoy pendiente de que se aclaren sus responsabilidades en la ruina de Bankia) a partir de las medidas de liberalización del sector eléctrico, en las que se incluía la privatización de la empresa pública Endesa.
En ese galimatías se ha visto atrapado ahora el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. El plan con el que pretendía empezar a liquidar el mítico déficit tarifario se frustró antes de entrar en vigor. El Ministerio de Hacienda recortó de los presupuestos para 2014 los 3.600 millones de euros que Soria destinaba a cubrir el déficit tarifario de las eléctricas de ese año. Y las eléctricas respondieron con una subasta que provocaba una subida de tarifas del 11 por ciento para el 1 de enero de 2014. Demasiada subida para un producto que ya ha acumulado hasta un 70 por ciento de subida de tarifas en los últimos cinco años, es decir, en los años de la crisis, cuando el consumo no ha dejado de bajar, en contra de la lógica de la oferta y la demanda.
Demasiada subida incluso para un gobierno como el actual gobierno español, tan preocupado por la buena salud de los grandes oligopolios, sobre todo de los que, como el del sector eléctrico, tan buenos puestos ofrece a los gobernantes cuando se retiran (por ejemplo, a Felipe González y José María Aznar, a la cabeza de un buen grupo de ex ministros y otros ex altos cargos, con agradecidos sillones en consejos de administración de las grandes compañías energéticas). Entre la sumisión a los poderosos y la atención al nivel de indignación de los votantes, el ministro Soria ha optado esta vez por moderar el saqueo a los ciudadanos, anulando la subasta amenazadora, que además se producía al mismo tiempo que el PP se quedaba solo con su mayoría absoluta para rechazar, por “demagógica”, la propuesta parlamentaria de la Izquierda Plural para que, durante el invierno, no se le corte la electricidad, el agua o el gas a quienes no pueden pagarlo.
“Anomalías atípicas” ha aducido la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia para justificar la anulación de esa subasta. Pero las anomalías no son tan atípicas. Son más bien inevitables por la naturaleza del procedimiento. En virtud de las citadas medidas liberalizadoras de Rato, son las compañías eléctricas, desdobladas en productoras y comercializadoras, las que se venden la electricidad a si mismas, antes de vendérsela a los consumidores, mediante un sistema de subasta en el que, para mayor acumulación, participan intermediarios financieros como Goldman Sachs o Deutsche Bank, y todo ello estableciendo un precio único igualado por arriba, es decir, al coste del kilowatio más caro.
El déficit tarifario proviene de la inversión que se supone que debieron hacer las compañías para adaptarse al mercado liberalizado y cuya repercusión en el consumidor fue pospuesta sucesivamente por gobiernos populares y socialistas para evitarse la alarma social. Las eléctricas, de todas formas, colocan ese déficit en el mercado financiero como emisión de deuda avalada por el Estado. Asciende ya a unos 26.000 millones de euros, con una acumulación anual de unos 4.000 millones, y está en poder de bancos y financieras, engordando la deuda pública.
Antes de la liberalización del sector eléctrico, las tarifas en España estaban un 18 por ciento por debajo de la media europea. Ahora están como un 25 por ciento por encima de esa media. Pese al déficit tarifario y a los descensos de consumo por la crisis, las eléctricas españolas figuran entre las que consiguen mayores beneficios en la Unión Europea, aparte de ser de las que más cobran por sus servicios.
Este es el galimatías que sólo se puede explicar por las anomalías típicas y, mientras asistimos al pulso entre las poderosas compañías eléctricas y un ministro desautorizado por otro ministro (al final, seguro que nadie tendrá el suficiente sentido de la dignidad para dimitir), apenas advertimos que al fondo está el drama de casi millón y medio de hogares a los que se les ha cortado la luz por falta de pago.
