La hija del latonero
Le llamaban "la hija del latonero que tiraron a los pozos". Su madre y otras mujeres iban todos los años a tirar flores a los pozos, a los cuatro pozos de la localidad grancanaria de Arucas, porque ninguna sabía a cuál de ellos habría sido arrojado el cadáver de su marido, su hijo, su hermano o su padre. Se calcula que fueron más de sesenta los cadáveres arrojados a aquellos pozos (Puente del Barranco de Arucas, Llano de las Brujas de Montaña Blanca, Puente del Barranco de Tenoya y Vuelta del Francés) durante los años de la guerra civil. La hija del latonero ha testificado ahora en el juicio contra el juez Baltasar Garzón, al que acusan de prevaricación por intentar investigar los crímenes del franquismo. Varios descendientes de aquellas y otras muchas víctimas, cuyos restos siguen sin ser localizados, han contado ante el tribunal detalles de la sanguinaria y planificada represalia que llevaron a cabo los golpistas de 1936 en todo el territorio español.
Si los que se consideran herederos de aquellos verdugos -los que acusan a Garzón de prevaricador por atender a las víctimas- pretendían mantener judicialmente impoluta la imagen de Franco y sus colaboradores, parece que no les ha salido muy bien la jugada. Su denuncia, en realidad, ya tenía aires de nueva represalia (esta vez sin pistolas), después de que la propia Audiencia Nacional ya había abortado la investigación de Garzón, al dirimir en su contra la disputa jurídica con el fiscal, respecto a la competencia sobre la causa, y decidir que cada caso fuese tratado por el juez del lugar. La investigación ya estaba parada (los jueces del lugar, en su inmensa mayoría, optan por el silencio o por devolver la pelota a la Audiencia Nacional) y este juicio ha vuelto a colocarla en primer plano. Los acusadores han tratado de acallar las voces de las víctimas, pero el presidente del tribunal, el ex fiscal general Carlos Granados, ha admitido sus testimonios (alguien sensato en medio de tanto desquiciamiento judicial). Posiblemente no sirva para nada, si se cree que la estrecha votación de cuatro a tres con la que el tribunal rechazó la petición de nulidad previa va a repetirse en la sentencia final porque los cuatro de la mayoría ya tendrían prefijado su veredicto. Pero, al menos, haría más patente la aberración de condenar al juez que pretendía encauzar una mínima satisfacción a los descendientes de las víctimas: enterrar dignamente a sus muertos, con el amparo judicial y una declaración de culpabilidad simbólica sin consecuencias penales. Nada más (y muy poco más podría hacerse con la pacata ley de la memoria histórica que pudo sacar adelante el gobierno anterior) y nada menos (a la vista de la particular "omertá" que parece que quiere seguir imponiendo esa mafia nostálgica de luceros y montañas nevadas).
Los restos del latonero grancanario todavía no han aparecido. No estaban entre los 24 esqueletos, con las manos atadas con alambres y múltiples fracturas, que lograron sacar hace dos años del pozo del Llano de las Brujas. La hija del latonero, Pino Sosa, de 75 años, tenía apenas dos meses cuando un grupo de falangistas se llevó a su padre de casa para llevarlo a un lugar donde no necesitaba el abrigo que su mujer quería darle. Ha consultado con varios psicólogos para tratar de superar sus crisis de llanto. Pero el otro día, ante los jueces del Tribunal Supremo que juzgan al juez que atendió sus reclamaciones, contuvo sus emociones y no derramó ni una lágrima. Un gesto de dignidad entre tanta indignidad camuflada como retórica jurídica.
