La negligencia en funciones
La legislatura de Mariano Rajoy se ha convertido en un enaltecimiento de la mentira como método de la comunicación política. En su transcurso se han negado los efectos de las medidas adoptadas para resolver o, al menos, contener los efectos de la mal denominada “crisis económica”.
En las sucesivas elecciones, pese a que la inercia del poder institucional detentado por el partido en el gobierno en el nivel municipal, autonómico y nacional, consiguiese amortiguar su debacle en las urnas. Así, si en 2011 el PP logró 11 millones de votos, en 2015 perdió 4 millones. La pérdida de poder está dejando al descubierto pozos de corrupción merced al “arrepentimiento”, o a la denuncia de profesionales y funcionarios honestos. En este último caso, con la general persecución de los comportamientos cívicos. En esta España post franquista, las redes de enchufismo e histórica corrupción siguieron ejerciéndose como prácticas normalizadas. En ese sentido, según infinidad de escritos y causas, no quedó institución sin verse afectada.
En realidad, la democracia que se parió en la transición de este país, no se sometió a una “desfranquización” que garantizase el amanecer de las instituciones libres de servidumbres. No fue así. Entonces, podríamos considerar que de aquellos polvos estos lodos.
La desmesura en las expresiones y decisiones que se vienen adoptando desde el nivel de las instituciones aún gestionadas por el Partido Popular deja en evidencia una radicalización del discurso represor. Pareciera que prefieren sostener una política de encubrimientos y obstrucción a la Justicia, que a comprender que ya está bien. Que es hora de la rendición de cuentas ante los ciudadanos. Los privilegios de familia o de militancia no pueden ser excusa para que se ejerza la penalización de actos delictivos.
El discurso oficial que ha procurado consolidar en la mente de los ciudadanos el surgimiento de una España idílica ha chocado con la realidad cotidiana de la mayoría de españoles. No sería difícil demostrar que el equipo ministerial que formó el presidente de este gobierno, en sus resultados, que son en definitiva los que cuentan, han resultado negligentes por acción o por omisión. No incluyo aquí los numerosos episodios de posibles corrupciones derivadas de esas gestiones.
En este sentido, se ha construido un parapeto de legislaciones a medida con el aparente propósito de despenalizar o dificultar buena parte de esos actos. Pero, por el contrario, se legisló para intentar acallar las voces o propuestas que dejasen en claro el accionar negligente, con consecuencias que aún no se han cuantificado en términos de “daños colaterales”. Entre estos se cuentan las víctimas en la sanidad, la dependencia, la protección laboral y las pensiones. El accionar de cada cartera a favor de los grupos económicos, alguno de los cuales ya sospechado en los casos de corrupción, nos deja a los pies de un nivel de endeudamiento poco justificable.
Este gobierno en funciones nos pretende dejar una España en clara inferioridad de condiciones para afrontar el comprometido escenario que nos dejan. Los contratos leoninos concertados con los grupos económicos afines históricamente al gobierno se dejan blindados de manera injustificada. Las declaraciones de los ministros de Exteriores y el de Economía, en foros externos, deberían ser constitutivos de análisis de falta de responsabilidad en el desempeño del cargo.
Mucho más que en la procura de un gobierno estable que repare los desmanes cometidos, estamos frente a la confrontación entre la libertad o la barbarie de la promoción de la ignorancia. Si permanecemos pasivos seremos sus víctimas.
Nos encontramos en plena negligencia en funciones.
@Reseneka
