Los inmigrantes, chivos expiatorios de los defectos del sistema
Cuando se plantea en la Unión Europea la alternativa de reforzar la cooperación con los países de origen de los inmigrantes no comunitarios, para fomentar allí la creación de puestos de trabajo y evitar que se vean obligados a emigrar, nadie puede negar que es una solución complicada. Se trata de países en situaciones de inestabilidad económica, social y política –por eso muchos de sus ciudadanos tratan de buscarse la vida fuera–, además de las más que habituales prácticas de corrupción, todo lo cual provoca serias dudas sobre el control y la eficacia de las posibles ayudas. En cualquier caso, no es una solución de efectos inmediatos y eso tiene peor venta electoral que otros remedios más contundentes en el trato a los inmigrantes y en el control de fronteras.
Pero, cuando vemos que los remedios contundentes también se aplican con ciudadanos de la propia Unión Europea, hay que detenerse más en la consideración de las justificaciones. Después de las expulsiones de gitanos rumanos (y, de paso, de gitanos de los propios países) de Italia y de Francia, en un clima de campañas racistas y xenófobas capitaneadas por la extrema derecha (pero asumidas por la derecha e incluso, últimamente, por el gobierno socialista francés), ahora es Alemania la que prepara recurrir a las expulsiones de ciudadanos de otros países europeos, si no encuentran trabajo en un plazo de tres a seis meses. El objetivo principal de esa medida vuelven a ser rumanos y búlgaros, las cenicientas de esta UE venida a menos.
El gobierno de coalición democristiano-socialdemócrata va a poner en marcha la aplicación de uno de los puntos destacados de las normas comunitarias sobre el derecho a la libre movilidad de ciudadanos de la UE, concretamente el que contempla la posibilidad de expulsar a quienes, después de tres meses de estancia en un país que no es el suyo, no tengan medios para subsistir (la norma comunitaria, de todas formas, no prohíbe volver más adelante al país del que se ha sido expulsado). En el fondo, una especie de criminalización del inmigrante (europeo o no) que, según un prejuicio más extendido de lo que corresponde a la realidad, sólo busca vivir de los subsidios sociales de un país rico.
Claro que, si volvemos a la alternativa del principio, la de cooperar con los países de origen para que sus ciudadanos no tengan que buscar trabajo fuera, parece que, en el ámbito de la Unión Europea, sería más fácil y de efectos más inmediatos. Pero, en estos años de crisis, se han impuesto los más rígidos criterios de austeridad para recortar el déficit público, provocando la recesión económica y todo tipo de recortes sociales. Alemania ha sido el principal promotor de esa política, entre otras cosas para asegurar que sus bancos recuperasen los créditos que tan alegremente habían concedido en los buenos tiempos a todo tipo de burbujas y especulaciones en los países del sur.
Convertidos los inmigrantes en chivos expiatorios de los defectos del sistema económico, gracias al discurso demagógico de la extrema derecha –que le hace el trabajo sucio al poder–, a los gobiernos les resultan más rentables las políticas represivas que un responsable ejercicio de integración interior y de cooperación internacional. Y como siempre hay un número suficiente de desesperados que logran sortear las fronteras, el sistema dispone de mano de obra más barata, como si la crisis y los recortes no hubiesen ya abaratado suficientemente los salarios de los trabajadores autóctonos.
