Apoteósis de la simulación política
Tres días ha tardado el presidente del gobierno español en decidirse a calificar de simulacro el proceso participativo desarrollado el pasado 9 de noviembre en Cataluña para que los ciudadanos de dicha comunidad se pronunciasen sobre la posibilidad de constituirse en un estado independiente. Ante tal simulacro, y en lógica consecuencia con su trayectoria en este asunto, el presidente decide no modificar su posición. No habrá, pues, negociación para un referéndum pactado, como sigue insistiendo en plantear el presidente del gobierno catalán, al que le señala la reforma constitucional como único camino para alcanzar su objetivo independentista.
Considerar como un simulacro la consulta del 9-N no le impide a Rajoy entrar en sus resultados y señalar que sólo participó un 30 por ciento del censo. En realidad, parece que nadie ha podido resistir la tentación de entrar en el análisis de los datos arrojados por la consulta/simulacro, incluidos los que condenan rotundamente este reto a la legalidad constitucional, algunos de los cuales llegan a denunciar, no sólo al gobierno catalán por organizarlo sino al propio Rajoy por no haberlo impedido. Como si la imagen de las colas para votar les resultara muy dura, aunque sólo fuese un simulacro.
Se analicen por donde se analicen los resultados, la situación sigue igual, tanto si se considera inútil e ilegal el simulacro como si se estudian esos datos que todos conocen, aunque algunos tratan de aparentar que no existen. Y según esos datos, el presunto apoyo a la independencia de Cataluña arroja una cantidad muy semejante a los votos obtenidos por las fuerzas que concurrieron a las últimas elecciones autonómicas catalanas con un mensaje independentista (algo menos de dos millones de electores). En aquellas elecciones, las de 2012, con un porcentaje de participación del 67,7 por ciento del electorado, esas fuerzas sumaron el 57,8 por ciento de los votos y el 54,8 por ciento de los escaños. Con la misma cantidad de votos, los porcentajes varían según el nivel de participación (por ejemplo, ese abrumador 80 por ciento favorable a la independencia en el simulacro, con una supuesta participación por debajo del cuarenta por ciento). En cualquier caso, 1.861.753 votantes significan exactamente el 29,89 por ciento del hipotético censo de esta consulta teóricamente inútil.
El caso es que, como los datos prácticamente no varían, las posturas de unos y de otros siguen en el mismo sitio. El gobierno central a vueltas con los fiscales por la vía judicial y el gobierno autonómico a vueltas con la consulta definitiva por la vía que pueda. Estancados y sin dialogar, permanecen en las posiciones que cada cual cree que le van a resultar más rentables electoralmente. La situación toda, además, le sirve a unos y a otros para tratar de camuflar sus respectivas responsabilidades en materias tan sensibles como la interminable crisis y la no menos interminable corrupción, componiendo en conjunto toda una apoteosis de la simulación política, que está deteriorando el marco democrático.
Veremos lo que dura, o lo que aumenta, la simulación en el año electoral que nos espera. Veremos también el recorrido que pueden tener las propuestas de reforma constitucional o incluso de nuevo proceso constituyente. No es por desanimar pero lo más probable es que los resultados electorales –incluidas las correcciones más o menos intensas que introduzca la irrupción de Podemos– no arrojen mayorías rotundas sobre las soluciones de todos estos problemas de reorganización y saneamiento. Les va a tocar –a los que lleguen y a los que sigan– hacer política de verdad (dialogar, negociar, pactar) y para eso algunos partidos van a tener que reciclarse a fondo.
@jagacinho
