Hacienda somos todos o la trivialización de los conceptos

Un slogan es portador de valor. Trivializar este concepto puede llevar a la ruina a cualquier organización mercantil. Esto supone una desconsideración a sus usuarios. Implica una burla del plexo axiológico sobre el que debe asentarse un mensaje. Véase lo que está ocurriendo con Volkswagen.

El eslogan o lema publicitario se usa en un contexto comercial o político como parte de una propaganda y con la intención de resumir y representar una idea. La premisa es que dicha frase sea fácil de recordar para el público. El slogan intenta llamar la atención sobre un producto o servicio, remarcando ciertas cualidades o tratando de asociarlo a un valor simbólico. Difundir los beneficios de la marca para diferenciarla de la competencia, generando a la vez un deseo o necesidad en el consumidor, son los objetivos del slogan comercial.

Pero en este caso se trata de propaganda institucional y aunque muchos se tienten en considerarla publicidad, no lo es. No confundir canal con mensaje. Por ello, es portadora de valor institucional, no publicitario, ni comercial. Esta distinción es crucial, porque trivializar la publicidad podría ser admisible, pero trivializar las instituciones no lo es en absoluto. El dictamen de la abogada del Estado en el Caso Nóos, con displicencia  profesional, corre el riesgo de subvertir los valores institucionales. Esos sobre los que se asienta el Estado de Derecho en favor de propósitos poco claros. 

Una Institución es una pauta social que resuelve necesidades sociales, que soporta la atención de las urgencias de las personas. De esas mismas que tiene el derecho constitucional de ser atendidas y, si son transgresores, otras instituciones tienen la obligación de castigar las conductas inapropiadas, sean estas personas quienes sean. Es hora de que se corrijan anomalías constitucionales.

Las decisiones en el ejercicio de la gestión deberían poner en alerta a las instituciones de contralor. Por ejemplo, el pasado 16 de marzo, la asociación médica Batas Blancas, presentó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Galicia. En ella exponían hechos “de los que puede deducirse claramente la existencia de una infracción penal”. La misma, según indicaban, supuso el fallecimiento de al menos tres personas.

Derivada de esta acción, la Fiscalía de Santiago ha “presentado denuncia ante el Juzgado de Guardia” de esa ciudad, por presunta responsabilidad penal de cargos y directivos del Sergas, Servicio Galego de Saúde. El motivo fue,  por “no facilitar el tratamiento de pacientes de hepatitis C con nuevos fármacos, efectivos para la enfermedad”.

Aclaremos que, como suele darse en estos casos, “será el juez quien decida si se abren diligencias previas o las actuaciones que correspondan en el caso”. Puede resultar que criterios economicistas prevalezcan sobre los humanitarios. Si fuese así, ya podríamos concluir en que este país está roto, fracturado, porque en España se rescatarán autopistas pero no personas. Ahí están las hemerotecas.

Tenemos más indicadores del estado de cosas actual. El Ministerio de Hacienda, al haber administrado los tiempos de un deudor, facilitó el otorgamiento de una licencia de TDT al grupo granadino Secuoya. Así, permitió que se hiciese con una de las licencias de TDT que adjudicó el Ministerio de Industria el pasado mes de octubre. Todo, gracias a una negociación previa con Hacienda.

El Ministerio de Cristóbal Montoro prorrogó a tiempo la deuda del grupo, permitiendo que optase a uno de los seis canales a concurso. La productora granadina tenía una deuda con la Agencia Tributaria el pasado mes de abril de 2,29 millones de euros. Esta situación la invalidaba para concurrir a cualquier concurso público, según establece la Ley de Contratos del Sector Público. Pero, como estamos viendo, la realidad se "ajusta" según se trate. Esta productora se benefició de una licencia. Estos son ejemplos extremos de ese dislate en el que decisiones temerarias han convertido a este país llamado España.

La confusión entre las instituciones de contralor y el poder, la destrucción de pruebas, la dilación abusiva de los procesos, la aprobación de leyes que provocan alarma social, la emisión de sentencias y el archivo de causas. Todas estas cuestiones se asientan en ese origen: la trivialización de los conceptos.

Trivializar es quitar importancia a una cosa, o no dársela. Por ello, en el dictamen de esta funcionaria de nivel en la Abogacía del Estado, en el Caso Nóos, se cae en la producción de alarma. Sin embargo, los afiliados a esta manera de ver la actualidad de nuestra historia reciente, suelen procurar que el concepto de "responsabilidad" también se diluya en una serie de disculpas absolutamente improcedentes, para beneficio o exculpación de presuntos corruptos o cómplices.

Reconozco que la Abogacía del Estado no deja de sorprenderme. Pero también el Ministerio Fiscal o el Tribunal Constitucional. La Opinión Pública, que no la Opinión Publicada, mayoritariamente atiende al poder político, o lo que viene siendo lo mismo, responde al poder económico. La línea editorial de estos medios, ha sido un indicador de esa trivialización calculada.

Puede que, con tales interpretaciones, tal vez se incurra en una dejación de funciones. Esto, porque por responsabilidad se entiende al conjunto de obligaciones propias de una función. De aquí, como todos saben, la tarea de control le pertenece a los responsables de cualquier gestor. Las víctimas del Metro de Valencia, las del Alvia en Santiago de Compostela o las de Madrid Arena, son claros ejemplos de una gestión irresponsable y de la dilución de responsabilidades. 

Así, una persona que se caracteriza por su responsabilidad es aquella que tiene la virtud no sólo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también de asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones, además de responder de las mismas ante quien corresponda en cada momento.

Hemos llegado a la hora de la Justicia equitativa o a la de la trivialización de las Instituciones.

¿Usted,… ya tiene su opción?

@Reseneka

Foto: EL PAÍS