El pasado 21 de febrero se presentaba el proyecto de ley de reforma de la LPI (Ley de Propiedad Intelectual). La nueva regulación introduce la polémica ‘tasa Google’, aplaudida por quienes así la han llamado, los editores de AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles), y criticada por otros que no dudan de la pretensión del Gobierno de institucionalizar un canon a favor de determinados editores de prensa.

Los clarines han sonado anunciando un cambio de tercio para la macroeconomía de la región latinoamericana. Los modelos económicos basados en la exportación de materias primas y en el dinero abundante y barato parecen pasar a la historia, y el futuro inmediato no garantiza las generosas tasas de crecimiento interanual a las que estaban acostumbrados los países de América Latina.

Desde que entraran en funcionamiento en 1998, las participaciones preferentes han provocado que miles de personas perdieran gran parte de sus ahorros al destinarlos en fondos que luego no podrían recuperar. Aproximadamente treinta millones de euros estafados en poco más de una década gracias al desconocimiento que unos clientes y una sociedad que hoy se indigna.

El nuevo dato del paro relativo al mes de marzo, aún a fuerza de ser ligeramente positivo, evidencia la paulatina precarización del mercado laboral, alentada por la Reforma Laboral de 2012 y jaleada por las grandes empresas, para desgracia de trabajadores que ven el clavo ardiendo como toda esperanza para asirse. Pero sin estímulos, no se genera competitividad.